En un artículo anterior, traté de mostrar cuál es la opinión sobre la reforma laboral que, desde hace más de treinta años, tienen los empresarios de este país (aquí). En éste me ocupo de la defensa de reformas laborales, con matices frente a la anterior, que ha hecho un grupo de notables economistas (“los Cien”), que se ha sumado a las peticiones de reforma laboral el año pasado, cuando publicaron un famoso Manifiesto (texto).
Estos economistas ven con preocupación la dualidad existente en el mercado laboral español en términos de un segmento de trabajo sobreprotegido y un segmento de trabajo precario. La primera de sus propuestas consiste en reunificar ambos bajo un contrato único de trabajo con despido libre – es decir, sin intervención administrativa o judicial alguna – y con indemnización de 12 días tras el primer año y creciendo a razón de dos días por año hasta un máximo de 36 días por año de servicio. En sus primeras formulaciones, los Cien insistían en que no querían afectar a los derechos adquiridos y sí exclusivamente a los nuevos contratos, en los que se suprimiría la temporalidad. Pero declaraciones más recientes dan a entender que el contrato se aplicaría a todos, contratados y por contratar, con lo que la indemnización máxima de los primeros se reduciría de 45 a 36 días por año (aquí, penúltimo párrafo).
Con independencia de si la nueva indemnización se aplica a todos o sólo a los nuevos, la cuestión crucial, a mi juicio, es que presupone el despido libre: no habría despido justo ni injusto, procedente o improcedente, para nadie. Si un trabajador no cumple con sus obligaciones, se le paga la indemnización correspondiente y ya está. Si cumple pero su puesto “deja de estar disponible”, por usar el ocurrente eufemismo de la película Up in the air, pues se le paga la indemnización correspondiente y ya está. Además de una rebaja en las indemnizaciones, no habría salarios de tramitación, porque no habría tramitación alguna. Socialmente, los Cien justifican su propuesta por la supresión de la contratación temporal, la más precaria; económicamente, opinan que un único contrato laboral facilitaría la gestión de los recursos humanos en las empresas. Así, creen que se podría recuperar una tasa de paro del 10 por ciento en seis años y medio, en lugar de los diez que estima la Fundación de las Cajas de Ahorros dejando las cosas como están.
Mi reflexión como economista es que, con independencia de los efectos que se dice perseguir con ella, de llevarse a la práctica, la propuesta debilitará sensiblemente a los sindicatos. No sé si éste es un efecto contemplado o no. Lo seguro es que, si se instaura el despido libre y se reduce la indemnización máxima en un veinte por ciento, los bastiones laborales de empleo indefinido, que han sido y todavía son el grueso de la fuerza de movilización de los sindicatos, perderán fe en éstos, que tendrán menos capacidad de convocatoria y los efectos se harán notar en la negociación colectiva. Insisto en que no sé si se persigue este efecto, aunque otra propuesta de los Cien, relativa a la propia negociación colectiva, parece indicar que sí; trataré este tema en otro artículo.
En todo caso, me parece un error de bulto en el momento actual, por dos razones, que fueron las que me movieron a firmar el manifiesto alternativo, llamado "de los 700" (texto) y a presentarlo públicamente y defenderlo en radio y televisión, aunque no se tratara, ciertamente, del manifiesto que yo habría escrito. La primera de las razones es que la coyuntura sigue siendo deflacionaria en lo subyacente, y una reforma como la propuesta aumentará las tensiones deflacionistas. La segunda es que, con el nivel de problemas macroeconómicos que acumula España, el pacto de rentas es una opción a la que quizá haya que recurrir apresuradamente no dentro de mucho. Y un pacto de rentas necesita de sindicatos responsables, desde luego, pero fuertes y no débiles.
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